Una ayudita

¿En dónde pueden los consumidores encontrar ayuda? No necesariamente en los tribunales; alrededor del 45% de las compañías de tarjetas de crédito obligan a los consumidores a presentar sus quejas en juntas de arbitraje.

Las autoridades reguladoras tampoco sirven de mucho. La industria de las tarjetas de crédito tiene una influencia extraordinaria sobre las autoridades reguladoras, dice Ed Mierzwinski de U.S. Public Interest Reasearch Group. Los emisores de tarjetas tienen la opción de establecerse como bancos estatales bajo la supervisión de la Reserva Federal o del Federal Deposit Insurance Corp. o de registrarse como banco nacional y estar bajo la supervisión de la Oficina del Contralor de la Moneda (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) o de la Oficina de Supervisión de las Instituciones de Ahorro (Office of Thrift Supervision).

La MAYORÍA de los emisores de tarjetas de crédito están supervisados por una agencia que ellos mismos financian.

La gran mayoría de los emisores ahora están supervisados por la OCC, cuyas operaciones están financiadas por el propio sector de tarjetas de crédito. Mierzwinski dice: "la OCC tiene un incentivo mucho mayor para complacer a los emisores de tarjetas porque los bancos siempre tendrán la opción de cambiarse a otra entidad reguladora si no les gustan las políticas de la OCC".

Los fiscales generales estatales, que durante mucho tiempo han luchado arduamente contra las prácticas abusivas de la industria de las tarjetas de crédito, tuvieron que hacerse a un lado el año pasado cuando la OCC dictó normas que establecían que ella era la única entidad con autoridad legal para promulgar y hacer cumplir las reglamentaciones en materia de protección del consumidor a los bancos nacionales y sus subsidiarias con licencia estatal. "En pocas palabras, las normas de la OCC eliminarán a 50 'policías' que ya no van a poder vigilar la situación", declaró Roy Cooper, fiscal general de Carolina del Norte ante un comité del Congreso el año pasado. Y terminó diciendo que los directivos de la OCC, en su afán de fomentar que el ahorro federal y la banca estatal se sometieran a la regulación de la OCC, se comportan como si fueran entrenadores de baloncesto reclutando jugadores. Como un punto de venta, promocionan normas que están dirigidas a apoderarse del papel que juegan los estados en la protección del consumidor. Kevin Mukri, vocero de la OCC, dice por su parte que la acusación es "ridícula" y añade: "tenemos normas de protección al consumidor muy exigentes a nivel nacional".

Algunos de esos "policías" en defensa del consumidor están presionando, a pesar de los intentos de la OCC de atribuirse todas las competencias. En diciembre de 2004, el fiscal general de Minnesota, Mike Hatch, presentó una demanda contra Capital One con el argumento de que utilizaron anuncios televisivos, solicitudes por correo directo y llamadas telefónicas de atención al cliente con argumentos falsos, engañosos y falaces para comercializar tarjetas de crédito con tasas "bajas" y "fijas" que supuestamente no iban aumentar a diferencia de las de la competencia, a quienes retrataban en los anuncios de televisión como bárbaros saqueadores. A pesar de eso, una cláusula del contrato de la tarjeta permitía a Capital One cambiar la tasa de interés por cualquier razón. El caso sigue pendiente y cuando se pidió a Capital One que hiciera algún comentario, su respuesta fue que consideran que han cumplido con la ley al pie de la letra.

Por ahora, la fuerza más poderosa con la que cuentan los consumidores está en sus propias manos. Melanie Mills ha presentado denuncias ante las autoridades reguladoras federales contra las tácticas del sector de las tarjetas de crédito ya que el interés de su tarjeta de crédito subió hasta el cielo. Mills dice que "como ciudadana, el único poder que tengo es no ofrecerle mi negocio a esas compañías y animar a mis amigos, familia y socios a hacer lo mismo".