Los EE. UU. gasta un promedio de $7,000 per cápita en el cuidado de la salud. De acuerdo a un análisis del 2007 por el McKinsey Global Institute, eso representa 28 por ciento más que cualquier otro país industrializado, aún después de ajustar su relativa riqueza.

A raíz del fracaso de la atención administrada, nadie está controlando efectivamente estos costos fuera de control, dijeron los expertos que entrevistamos.

“Tenemos precios muy altos porque la gente piensa que puede cobrarlos con impunidad”, dijo el Dr. David Blumenthal, director del Instituto para Política de Salud del Hospital General de Massachussets. “En nuestro sistema pluralista y descentralizado, ningún comprador individual tiene el poder del mercado o la autoridad política para imponer controles de costo”.

Las compañías aseguradoras ya no pueden negociar efectivamente los precios con los proveedores, pero hacen dinero de todas formas porque reciben parte de las primas. Los empleadores pagan más por el seguro y continúan pasándoles más costos a los empleados. Los consumidores que obtienen su seguro de salud por medio de sus empleadores no están eligiendo los planes a ser ofrecidos ni puestos al tanto de lo que en realidad cuestan. (En el 2006 la prima anual para cobertura familiar promedió $11,480, es decir más que el cheque de nómina anual de un trabajador a tiempo completo que gana el salario mínimo). Además, los doctores, hospitales y medicamentos son más caros en los EE. UU. que en cualquier otra parte del mundo.

No se suponía que fuera así. En la década de los noventa, los empleadores y las compañías aseguradoras respaldaban la idea de que la “atención administrada” podía simultáneamente ahorrar dinero y mejorar la calidad. Los empleados eran colocados en HMO, los cuales usaban su considerable membresía para forzar a los doctores y hospitales a reducir sus precios o perder acceso a pacientes. También comenzaron a decirle a doctores y pacientes que no podían obtener todo el cuidado que querían.

Pacientes de cáncer de mamas iniciaron demandas y lograron que algunas legislaturas estatales adoptaran leyes exigiendo que los planes de salud cubrieran transplantes de médula de $80,000 (los cuales finalmente demostraron ser inefectivos, un tema que consideraremos en más detalle en un informe de nuestra edición de noviembre). De igual manera, doctores y hospitales unieron sus fuerzas y, en muchos casos, batallaron con éxito contra las demandas de las compañías de atención administrada por descuentos significativos a sus cuotas.

Los entusiastas del cine aplaudieron cuando, en la película “John Q” del 2002, Denzel Washington tomó a un rehén de la sala de emergencia para forzar a su HMO a pagar por la operación del corazón de su hijo.

“La atención administrada prácticamente se evaporó”, dijo Gerard F. Anderson de la Universidad Johns Hopkins. “Los consumidores querían acceso a tantos doctores como fuera posible”. La solución fue la formación de organizaciones de proveedores preferidos (“preferred provider organizations”, o PPO), las cuales dieron por terminado la impopular “revisión de utilización” practicada por los HMO.

“Las compañías aseguradoras ya no tenían la habilidad de negociar con un doctor u hospital porque no los podían botar del sistema”, dijo Anderson. “Los precios de los seguros tomaron vuelo”.