A lo largo de los años, los esfuerzos para investigar la práctica discriminatoria de redlining en los seguros de autos han sido bloqueados por la misma barrera: la industria se rehúsa a hacer disponible información crucial.
Después de los disturbios de Rodney King en Los Angeles en 1992, cuando las personas salieron a las calles a protestar sobre la absolución de los policías que habían sido grabados golpeando a un conductor negro, resultó que alrededor de la mitad de un estimado de mil millones de dólares en pérdidas de negocios y hogares destrozados no estaban cubiertos por seguro.
El Comisionado de Seguros de California, John Garamendi, culpó a las prácticas discriminatorias de las compañías aseguradoras de la nación. Al realizar una gira por los escombros dejados en la ciudad, un mes después de los disturbios, le dijo a un reportero del New York Times, “Estoy convencido de que el redlining existe. La conclusión final es que o no puedes obtenerlo o no puedes pagar [el seguro].”
Garamendi subsecuentemente aprobó leyes que requirieron que las aseguradoras reportaran su participación en el mercado por códigos postales. Pero las aseguradoras argumentaron que la información era un secreto comercial que no podía ser liberado al público. No fue sino hasta 2004, después de años de batallas legales, que las aseguradoras perdieron su caso en la Suprema Corte de California.
También impulsados por los disturbios de Los Angeles, varios comités del Congreso tuvieron audiencias legales y comenzaron a estudiar el tema del redlining, pero fueron detenidos por la falta de información. La Oficina de Responsabilidad General de Estados Unidos (U.S. General Accountability Office) reportó en 1994 que un análisis de disponibilidad de seguros requeriría que las compañías aseguradoras empezaran a reportar información a nivel de código postal o área de censo a nivel nacional. “La información actualmente disponible es insuficiente para determinar la extensión de los problemas actuales,” el reporte estableció.
La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (National Association of Insurance Commissioners) también estableció un comité para investigar el redlining. No obtuvo los datos necesarios, tampoco.
Robert Klein, que estaba investigando el tema para la asociación, dijo en una entrevista que “la industria aseguradora se opuso a la idea de recolectar información de reclamaciones y pérdidas y el comité NAIC se adhirió a la industria y no a mí en este tema.”
Sin información sobre las pérdidas de las aseguradoras, el reporte de Klein no pudo determinar por qué las primas eran más altas en los vecindarios minoritarios – ya fuera que la diferencia era realmente por un riesgo más alto ahí. “Los investigadores no pudieron establecer conclusiones definitivas sobre las causas de las condiciones de mercado,” el reporte estableció.
Las aseguradoras dicen que establecen precios basándose en riesgos pero se muestran reacias a compartir la información sobre la cual se sustentan sus análisis de riesgos, como las pérdidas por código postal. Publicar datos públicamente sobre las pérdidas significa que “estás creando algo que es valioso y esencialmente lo estás regalando,” dijo Lynch del Instituto de Información de Seguros.
Birny Birnbaum, un defensor de los consumidores en Texas, obtuvo una victoria extraña cuando a través de una solicitud de registros públicos, obtuvo información recolectada por la comisión estatal de seguros a nivel de códigos postales.
En 1997, utilizando la información sobre el número de pólizas, primas y pérdidas de cada aseguradora por código postal, Birnbaum publicó un duro reporte mencionando a Nationwide, Safeco, State Farm, USAA y Farm Bureau entre los “peores practicantes de redlining” en el estado porque tenían una participación de mercado mucho más pequeña en vecindarios minoritarios que en otros vecindarios.
Las aseguradoras demandaron al Departamento de Seguros de Texas y a Birnbaum, sosteniendo que la información era un secreto comercial y que hacerlo público había dañado su negocio. Un juez de la Corte del distrito del Condado Travis falló a favor de las aseguradoras, diciendo que “sufrirían daños irreparables en la ausencia de una orden temporal”.
“ Había aproximadamente 200 compañías aseguradoras en el estado. Todas demandaron,” recordó D.J. Powers, que fue el abogado pro bono de Birnbaum. “Era la industria entera de seguros de autos contra mí y contra Birny.”
Desde entonces, Birnbaum ha seguido abogando por que las comisiones de seguros recolecten y liberen públicamente la información que pueda ser utilizada para analizar el redlining y otros problemas. Sin embargo, hasta hoy en día, muy pocos estados lo hacen. ProPublica presentó solicitudes de registros públicos en los 50 estados y en el Distrito de Columbia buscando información a nivel de código postal sobre los pagos de reclamaciones de responsabilidad. Solo 4 estados dijeron que recolectaban esa información y la proporcionaron.
“Los reguladores no están mejor equipados para analizar o lidiar con estos problemas de lo que estaban hace 20 o 30 años,” dijo Birnbaum. “Si ni siquiera puedes monitorear el Mercado para identificar el problema, definitivamente no estarás en posición de lidiar con el problema.”