Cuando la junta médica estatal pone a los médicos en periodo de práctica médica vigilada, esto puede tener poco efecto en su práctica. De hecho, los términos y sanciones impuestos por la junta algunas veces parecen específicamente diseñados para mantener a un médico trabajando.
Luis Felix Tincopa-Minan, un médico familiar en Whittier, California, está en periodo de práctica médica vigilada por asaltar sexualmente y de forma repetida a una paciente de sexo femenino “vulnerable” y con “muchos problemas psicológicos”.
Según el informe de la junta médica, la joven seguía regresando a su consultorio a pesar de que el médico la manoseaba debido a que necesitaba surtir sus medicamentos para su trastorno por déficit de atención e hiperactividad y epilepsia. “Ella estaba en el consultorio a solas con él y él cerraba la puerta con llave”. Después de haber sido descubierto, dice el informe, Tincopa-Minan al principio lo negó, luego dijo que era de común acuerdo y finalmente admitió que no era la primera vez que tenía contacto sexual con una paciente.
La solución de la junta estatal a ese problema, encima de otros términos más de forma, fue requerir que Tincopa-Minan se sometiera a una evaluación psiquiátrica y tuviera una acompañante con él cuando examinara pacientes de sexo femenino.
Y no tiene que contarle a sus pacientes por qué esa persona está presente, o que él se encuentra en periodo de práctica médica vigilada por conducta sexual inapropiada.
Cuando se le contactó para que hiciera algún comentario, Tincopa-Minan nos dijo que estaba demasiado ocupado trabajando para hablar acerca de su estatus en periodo de práctica médica vigilada.
Aún en algunos de los casos más indignantes de médicos sancionados, los castigos impuestos por la junta médica estatal de California, y algunas veces incluso por el sistema de justicia penal, equivalen a un golpecito en la mano.
Tomemos el caso de la pediatra Yessennia Candelaria y su esposo, Efraín González, un ginecólogo obstetra.
Él trabajó como cirujano cosmético, dice el informe de la junta y Candelaria se asoció como su anestesista, algunas veces proporcionando sedación profunda. Hubo muchos problemas con ese arreglo, comenzando con el hecho de que ella ni está entrenada, ni está certificada para ofrecer ese nivel de anestesia.
El día de marzo de 2013 en que la policía ingresó a sus clínicas, el informe de la junta médica dice que ella estaba visiblemente incapacitada, con "sacudidas y temblores corporales extremos" un día en que había cirugías programadas. Una investigación encontró píldoras sueltas en su bolsillo, jeringas en su coche y viales inyectables de fentanilo y Demerol en el baño de su casa.
Ambos esposos fueron arrestados, y González renunció a su licencia para practicar la medicina. La junta médica lo citó por más de 100 ejemplos de su atención médica negligente e incompetente, incluidas cirugías mal hechas y por permitir que personal sin entrenamiento médico insertara líneas intravenosas. La junta citó a Candelaria por 13 casos de disciplina, escribiendo que "se encontraba bajo la influencia de drogas a tal grado que esto impedía su capacidad de practicar medicina con seguridad para sus pacientes y para el público".
González fue sentenciado a 90 días de cárcel y a un año de libertad condicional por tres delitos, incluidos evasión de impuestos y conspiración para practicar la medicina sin licencia, según una agencia de noticias local.
También se le ordenó pagar $100,000 para compensar a anteriores pacientes lesionados, quienes acordaron no demandarlo.
Aproximadamente en la misma época en la primavera pasada, la junta estatal levantó la suspensión temporal de Candelaria y la puso en periodo de práctica médica vigilada por 7 años, pero le permitió seguir practicando como pediatra si se adhería a ciertos términos, incluidos no practicar sola y hacer pruebas de fluidos biológicos. Ella está aceptando nuevos pacientes ahora. Debe decirles que tiene prohibido proporcionar sedación profunda, aunque no tiene que explicarles la razón. Tampoco tiene que mencionar su historial disciplinario o su uso de drogas. Cuando nuestra oficina la llamó, Candelaria se negó a comentar.
Aunque los informes de la junta médica de California describen las bases de los casos contra los médicos, rara vez explican la forma de pensar de la junta de cómo llegan a decidir aplicar una sanción en particular.
Para Sabin, el médico especializado en ética de Harvard, esta es una oportunidad perdida para más transparencia.
“Pienso que es importante proporcionar el razonamiento”, dice. “El hallazgo de una junta podría oscilar entre retirar permanentemente la licencia y requerir que alguien tome un curso de ética. Se debería explicar por qué están haciendo esto”.
Sigue el dinero de la mala práctica
Un porcentaje muy pequeño de médicos ha representado la mayor parte de las indemnizaciones pagadas por negligencia médica en el país durante el último cuarto de siglo. Esto es según un análisis llevado a cabo por Consumer Reports en el Banco Nacional de Datos de Médicos (National Practitioner Data Bank, NPDB), un depósito federal que ha recolectado acciones disciplinarias y pagos por negligencia médica desde 1990.
Robert E. Oshel, quien trabajó como director asociado para la investigación en las disputas en el NPDB por casi 15 años hasta que se retiró en 2008, miró las cifras y se dio cuenta de que menos del 2% de los médicos de la nación han sido responsables por la mitad del total de los pagos desde que el gobierno comenzó a recolectar información sobre la negligencia médica.
La negligencia médica está considerada como una indicación inexacta de un cuidado subestándar, por muchas razones. Los casos a menudo se arreglan antes del juicio y sin hallazgos documentados de delitos. E incluso los mejores médicos y cirujanos pueden a veces enfrentar demandas legales.
“Aún así”, dice Oshel, “cuando los médicos tienen múltiples arreglos grandes en contra de ellos, esto puede ser una señal de advertencia que sugiere que si las juntas de autorización y los revisores hospitalarios estuvieran dispuestos a hacer que esos médicos dejaran de practicar u obtuvieran un nuevo entrenamiento, todos estaríamos mejor”.
Haciendo más fácil que se sepa la verdad
Michele Monserratt-Ramos decidió trabajar como voluntaria con el Proyecto Paciente Seguro de Consumer Reports después de que su prometido, Lloyd Monserratt, muriera a los 36 años de edad de complicaciones luego de la remoción de la vesícula y una cirugía bariátrica. Ramos se enteró más tarde de que el cirujano de Lloyd tenía un historial de arrestos, incluida la posesión de crack de cocaína.
También se enteró que la junta médica de California en esa época tenía un programa para médicos con problemas de abuso de sustancias, que les permitía mantener sus adicciones en privado, siempre y cuando se inscribieran en un programa de recuperación.
Furiosa con el hecho de que médicos con esa clase de historial pudieran permanecer ocultos y seguir practicando, Ramos trabajó con otros en el estado para cambiar esa política, algo que finalmente sucedió después de años de cabildeo. Los médicos con historial de abuso de sustancias ahora pueden encontrarse en el sitio de Internet de la junta, junto con otras acciones.
“Es un progreso”, dice Monserratt-Ramos. “Pero aún es demasiado difícil que los pacientes averigüen si su médico es realmente seguro”.
Ella señala que la mayoría de los consumidores no saben nada acerca de estas juntas, o cómo navegar por sus complicados sitios de Internet. Es por esto que ella ahora está trabajando con otros activistas del Proyecto Paciente Seguro en California y a través del país para facilitar que los pacientes conozcan la historia disciplinaria de sus médicos.
Estos esfuerzos se están enfocando en cinco áreas:
- Los médicos en periodo de práctica médica vigilada deberían tener que decirle a sus pacientes que están siendo castigados y explicarles la razón.
- Las juntas médicas estatales, donde los consumidores deben presentar las quejas acerca de los médicos o investigar sus registros, deberían presentar la información de forma clara y consistente, incluidos resúmenes en palabras sencillas de la razón por la cual los médicos están en periodo de práctica médica vigilada.
- Las juntas médicas estatales deben incluir más representantes del consumidor. Actualmente están dominadas por médicos.
- Las juntas estatales deberían ser más agresivas al retirar la licencia de los médicos que claramente son un peligro para los pacientes.
- El Banco Nacional de Datos de los Médicos, un depósito federal que incluye acciones disciplinarias tomadas por juntas estatales, hospitales y otras agencias del cuidado de la salud, al igual que pagos de mala práctica, debería estar abierto al público.
Para saber más acerca de los esfuerzos de Consumer Reports para proteger a los pacientes, visita ConsumersUnion.org/safepatientproject.